En el marco de lo que actualmente se vive en nuestro país, producto de la pandemia del COVID-19, es imperante la comunicación, toma de decisiones y la ejecución de acciones de forma oportuna y certera.
En las últimas semanas se ha registrado un aumento en los casos reportados del virus, y también un incremento en la aplicación de pruebas, lo que indica que ambas situaciones guardan relación. La identificación de más pacientes positivos con Covid-19 exige de las autoridades de salud una estrategia ágil y proactiva de aislar a estas personas, rastrear los contactos de éstas y mantener su vigilancia para controlar la pandemia, especialmente en los corregimientos con mayor índice de contagio y transmisión. Esto debe ir acompañado de un plan de comunicación que dé a conocer los detalles en cuanto a la cantidad de pruebas necesarias y disponibles, así como la habilitación de más centros temporales de aislamiento, entre otros aspectos.
Planeado de esa forma coordinada, el sector privado podrá dimensionar las necesidades y ofrecer su apoyo, como hasta ahora lo ha hecho.
Paralelamente, se necesita que los demás ministerios e instituciones del Gobierno Nacional se concentren en la recuperación socioeconómica del país e integren una mesa donde participen, de forma equitativa, con las autoridades de salud. En ésta, se deben sopesar el pro y el contra de cada acción, para continuar con una apertura controlada y asimétrica tanto de las funciones gubernamentales como de las actividades privadas del país, brindando garantía y esperanza de avances a los panameños. Esto, sin desvirtuar el mensaje de que nos encontramos ante nuevos desafíos que exigen la responsabilidad ciudadana de adoptar las medidas de seguridad sanitaria.
Una acción puntual que consideramos debe revisarse es la suspensión de términos administrativos gubernamentales para la provincia de Panamá y Panamá Oeste, relacionados con los trámites de pago a proveedores de servicios al Estado. Se necesita que el aparato estatal pueda accionar en los diferentes ministerios e instituciones, a fin de poder presentar las cuentas al Ministerio de Economía y Finanzas y éste, a su vez, agilice saldar tales deudas.
En ese sentido, se requiere que el Gobierno actúe oportunamente en establecer mecanismos que faciliten la digitalización de trámites y otras medidas no presenciales para la presentación de documentos y gestión de pagos. Instituciones como la Autoridad Nacional de Aduanas y la Dirección General de Ingresos han hecho lo propio; sin embargo, muchas otras entidades se encuentran rezagadas en este sentido.
El monto a pagar por el Estado a diferentes sectores productivos nacionales representa una inyección importante de liquidez, la cual permitiría a diferentes empresas retomar sus actividades con un impacto favorable en su desempeño y en el empleo.
Por otro lado, se debe realizar una conciliación más efectiva entre el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y el Ministerio de Desarrollo Social en cuanto a la información de los contratos suspendidos y la ayuda social de modo que esta última llegue oportuna, transparente y coordinada a quienes realmente lo necesitan.
Mientras el sector empleador y trabajador han sostenido sacrificios económicos importantes y el personal del sector salud, estamentos de seguridad, trabajadores sociales y voluntarios han respondido de manera incansable y solidaria, el resto del engranaje gubernamental tiene que emprender con prontitud su rol de facilitador para tales mecanismos de optimización y adaptarse más rápido a las circunstancias actuales.
La pandemia conlleva una prioridad de salud ineludible, pero ésta no debe obviar las acciones inminentes que en materia socioeconómica hay que adelantar en paralelo para que los panameños avancemos seguros ante los nuevos desafíos.
